Carta abierta al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas

Firmo/Firmamos esta carta en solidaridad con el pueblo nicaragüense, que lleva casi cinco años sometido a una grave crisis sociopolítica y de derechos humanos que se profundiza cada vez más. 
 
Firmo/Firmamos esta carta conociendo que, el Estado de Nicaragua no ha tomado medidas sustanciales ni iniciales para implementar las recomendaciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y se empeña en no cesar las violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía e intensificar el clima de represión, impunidad e injusticia. 
 
El uso excesivo de la fuerza estatal y paraestatal durante las manifestaciones pacíficas del año 2018, dejó al menos 355 víctimas letales y más de 1600 personas heridas sin que a la fecha, se haya realizado ningún acto para esclarecer los hechos y brindar  justicia, ni ofrecido medidas de de reparación y garantías de no repetición. Cabe destacar que los actos en los que ha incurrido el régimen durante todos estos años constituyen crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de Roma.
 
El 9 de febrero de 2023, el régimen autoritario de los Ortega Murillo  excarceló, deportó y posteriormente privó arbitrariamente de la nacionalidad  a 222 personas que se encontraban privadas de libertad por motivos políticos en centros estatales de reclusión. Todas estas personas y las 35 personas que aún continúan bajo custodia estatal habrían sido víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
 
Siguiendo con este patrón represivo, el día 15 de febrero el régimen declaró “traidores a la patria” y  despojó de su nacionalidad y derechos ciudadanos a 94 personas más, sin haber realizado ninguna acusación o juicio previo. La mayoría de estas personas se encuentran en el exilio producto de la persecución política; sin embargo, defensoras de derechos humanos integrantes de este colectivo y otras personas identificadas por el régimen como disidentes aún se encuentran en grave situación de riesgo dentro de Nicaragua. 
 
Por otro lado, los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua continúan expuestos a ataques por parte de colonos (terceros no indígenas) armados que buscan despojarlos de sus territorios. En el año 2022 se documentaron 90 ataques y al menos 32 víctimas letales en la Costa Caribe Norte, y se registraron 19 detenciones arbitrarias a personas indígenas en el contexto de las elecciones municipales de noviembre. 
 
Dado el contexto y la urgencia de atender esta situación, llamo/llamamos a los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a expresar su solidaridad y deseo de justicia votando a favor de una resolución que renueve por dos años el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos y refuerce su enfoque interseccional, prestando especial atención a  grupos vulnerables como las  personas víctimas de desplazamiento forzado, las víctimas de detenciones arbitrarias por razones políticas y sus familiares.
 
¡No más impunidad! ¡Justicia para Nicaragua! #MecanismoParaNicaragua