Desde abril de 2018, el gobierno ha criminalizado, detenido arbitrariamente, torturado, desaparecido, e incluso asesinado, a quienes promueven los derechos humanos y cuestionan la forma de gobernar del gobierno, incluidos los pueblos indígenas y afrodescendientes que defienden su territorio ancestral. También ha aprobado una serie de leyes que restringen las libertades de expresión, de reunión pacífica y de asociación, cerrando aún más el espacio para que la sociedad civil impulse un cambio positivo.

Reconociendo esta crisis, la ONU, a través de su Consejo de Derechos Humanos, ha tomado cartas en el asunto adoptando la resolución 46/2, en la que se pide al gobierno de Nicaragua que adopte una serie de medidas urgentes para resolver esta crisis de derechos humanos con múltiples vertientes. Sin embargo, según nuestras investigaciones, el Gobierno de Nicaragua no ha aplicado ninguna de las recomendaciones de la resolución 46/2. Por el contrario, ha tomado un número creciente de medidas contrarias a las mismas. 

Además, el Gobierno nicaragüense no ha mostrado ninguna intención de reanudar una cooperación significativa con la comunidad internacional, desde que expulsó del país a la presencia de derechos humanos de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diciembre de 2018. Durante las reuniones dedicadas del Consejo de Derechos Humanos, evitó abordar cualquier preocupación sustancial, en lugar de rechazar todas las críticas como “intervencionistas y supremacistas“. También se negó a responder a las preguntas formuladas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) durante su examen el pasado mes de septiembre.

Es hora de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU responda de forma más asertiva estableciendo un mecanismo internacional que garantice la justicia y la rendición de cuentas para Nicaragua, en su próxima sesión de marzo de 2022.

La resolución 46/2 era una de las últimas oportunidades para que el Gobierno de Nicaragua demostrara su voluntad de cooperar de buena fe con la comunidad internacional para encontrar una solución a la crisis de derechos humanos en el país. Como el Gobierno no dio ningún paso significativo para aplicar las recomendaciones de la comunidad internacional, ni para cooperar con ella, es hora de que la ONU intensifique su respuesta, en la sesión de marzo de 2022 del Consejo de Derechos Humanos.

Queremos que el Consejo de Derechos Humanos nombre a un grupo de expertos internacionales e independientes para que investiguen las graves violaciones de derechos humanos que se han producido desde abril de 2018, así como sus causas profundas, con el fin de que los autores rindan cuentas en el futuro.

Esto debería, a la larga, empujar al gobierno de Nicaragua a respetar los derechos humanos de todo el pueblo nicaragüense. Queremos que haya justicia, verdad, reparaciones y garantías de no repetición, para las víctimas de abusos de derechos humanos documentados desde abril de 2018. Esto incluye el restablecimiento de un verdadero Estado de Derecho, el reconocimiento de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como elecciones libres, justas y transparentes, y una democracia participativa, para que todos en Nicaragua puedan vivir en paz, libertad, seguridad y dignidad.