15 de mayo de 2019. El llamado al Estado de Nicaragua a respetar los derechos humanos de los nicaragüenses, incluidas la libertad de expresión, manifestación pacífica y asociación, fue una de las recomendaciones más recurrentes de parte de más de 90 Estados de todo el mundo ante los que Nicaragua rindió hoy su tercer Examen Periódico Universal (EPU), en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra.
Las recomendaciones al Estado nicaragüense se dan luego de un año de crisis durante la cual se documentaron graves violaciones a derechos humanos cometidas por parte de las autoridades y grupos paraestatales hacia la población manifestante resultando al menos 325 personas muertas, más de 2,000 lesionadas y 62,000 que debieron salir del país para resguardarse de la violencia.
Otros países también recomendaron la liberación de más de 300 presos políticos del Gobierno del presidente Daniel Ortega, la investigación de los hechos de violencia ocurridos en el contexto de la represión a protestas ciudadanas que iniciaron en abril de 2018 y la aceptación de escrutinio internacional por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), ambas expulsadas del país por las autoridades.
El Estado de Nicaragua, representado por el vicecanciller Valdrack Jaentschke, presentó un resumen de su informe de país sobre el avance de las medidas que han adoptado los Estados en los últimos cinco años para mejorar la situación de los derechos humanos, y retomó la versión oficinal del Gobierno según la cual en Nicaragua no hubo manifestaciones espontáneas, sino un fallido golpe de Estado.
Jaentschke, tomando distancia de una realidad ampliamente documentada, se empeñó en defender al Gobierno de Daniel Ortega, señalado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de haber cometido crímenes de lesa humanidad en el contexto de la crisis, y negó que las autoridades nicaragüenses coartaran la libertad de expresión, reprimieran las protestas, encarcelaran injustamente a manifestantes o se auxiliaran de grupos paraestatales para reprimir las manifestaciones.
Participación de los Estados
Un total de 94 Estados hicieron recomendaciones a Nicaragua para que mejore la situación de derechos humanos, entre ellos varias delegaciones de Iberoamérica como Honduras, México, El Salvador, Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Cuba, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Haití, Bahamas, República Dominicana y España.
“Mi país recomienda (a Nicaragua) despenalizar el derecho a realizar protestas pacíficas y liberar a las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de las protestas civiles; restablecer el respeto a la libertad de expresión y de prensa y liberar a los periodistas que se encuentran encarcelados; garantizar el regreso, permanencia segura y sin represalias a todas las personas que se vieron forzadas a abandonar Nicaragua desde el inicio de la crisis; erradicar la práctica de violencia sexual contra mujeres privadas de libertad; y retomar la cooperación de Nicaragua con la Oficina de la Alta Comisionada, la CIDH y sus mecanismos y asegurarles todas las garantías necesarias para el cumplimiento de su mandato”, expresó el representante de Costa Rica.
También la delegación de España manifestó su preocupación por la crisis de derechos humanos en Nicaragua, junto con otros países europeos como Alemania, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Polonia, Suiza, Suecia, Austria, Bélgica, Dinamarca y Malta.
La delegación estadounidense, por su parte, recomendó a Nicaragua que castigue a los funcionarios, agentes y parapolicías que han sido responsables de abusos a los derechos humanos, que se hagan investigaciones sobre los hechos de violencia, y que se permita a las organizaciones sociales y religiosas que trabajen sin restricciones ni amenazas jurídicas o contra su vida.
Otras recomendaciones que se hicieron a Nicaragua están enfocadas en que se respeten las garantías a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como que se permita el acceso al aborto voluntario y que se amplíen medidas para disminuir niveles de embarazo adolescente. Además, que se implementen medidas para reforzar y promover la igualdad con las personas afrodescendientes e indígenas, y que se realice un censo LGBTI que permita ampliar las medidas de protección para estas comunidades.
Procedimiento
El EPU es una de las herramientas principales del Consejo de Derechos Humanos en la que los países se examinan entre sí. Estas recomendaciones son fundamentales para que Nicaragua supere la situación actual de graves violaciones de derechos humanos y cumpla con las obligaciones internacionales adquiridas a través de la ratificación de las convenciones de derechos humanos de las que Nicaragua es parte.
Las recomendaciones brindadas hoy por las delegaciones de todo el mundo serán revisadas por el Estado de Nicaragua, la cual finalmente decidirá este viernes 17 qué recomendaciones se comprometerá a cumplir o de cuáles solamente tomará nota.
Esta es la tercera vez que Nicaragua se somete al escrutinio del EPU, pero defensores de derechos humanos que trabajan en el país denunciaron recientemente que una parte importante de las 164 recomendaciones adquiridas por Nicaragua en el EPU de 2014 no fueron plenamente implementadas.
Recientemente, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una resolución que permite a dicho órgano establecer un sistema de vigilancia y presentación de informes periódicos sobre la actual crisis de derechos humanos que se vive en Nicaragua.
Pronunciamiento
La delegación gubernamental de Nicaragua afirmó durante la revisión del Examen Periódico Universal que se ha avanzado en acceso a la justicia, particularmente para las víctimas de los hechos de abril y que los medios de comunicación ejercen su labor sin censura previa ni limitaciones.
Incluso llegó al extremo de afirmar que ningún periodista ha sido apresado por ejercer el derecho de informar sugiriendo que los que guardan prisión han incurrido en ilícitos, aunque los periodistas Miguel Mora, Lucía Pineda y Marlon Powell fueron apresados por su desempeño periodístico.
Además, descalificó a OACNUDH y la CIDH, insistió en que los tranques o cortes de vías fueron centros de operaciones delincuenciales. Intentó justificar el uso desproporcionado de la fuerza utilizada por la Policía, señalada de haber ejecutado crímenes de lesa humanidad, argumentando que estas fuerzas reestablecieron el orden público, actuando contra lo que calificó como “focos de violencia y terror”.
En relación a la libertad de asociación, expresó que a las organizaciones a las que se les canceló su personalidad jurídica se procedió porque las mismas fueron utilizadas para fraguar el supuesto intento de Golpe de Estado buscando minimizar los atropellos cometidos, argumentando que son miles las ONGs que funcionan en el país.
Es inaceptable que a un año de las protestas de abril, la narrativa del Gobierno continúe empeñada en hacer de un lado tantas evidencias existentes, sin aceptar su responsabilidad en la represión de las protestas.
Creemos que es inaceptable que se siga negando las vidas de los ciudadanos que protestaron y encontraron la muerte, producto de la represión estatal. Además, consideramos inexcusable que en vez de aprovechar la asistencia técnica que podrían representar los órganos de protección del sistema regional y universal de derechos humanos, sea la descalificación el camino elegido por el régimen.
Esperamos que el Estado de Nicaragua acepte las recomendaciones formuladas, y dé los pasos necesarios para el respeto de las libertades y el restablecimiento de la democracia con la urgencia que la situación amerita.
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