Washington D.C., 17 de junio de 2022.- En cumplimiento de la Resolución 49/3 del Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizó una actualización oral sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua en la que pidió al Estado asegurar la inmediata liberación de todas las personas presas políticas y llevar a cabo una “verificación independiente de las condiciones de detención”. Llamó al Consejo de Derechos Humanos y a los Estados miembros a “intensificar prontamente los esfuerzos dirigidos a la liberación inmediata” de estas personas.
En su declaración, Bachelet denunció que al menos 173 personas continúan privadas de libertad en condiciones contrarias a las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Personas Reclusas (Reglas Nelson Mandela), con necesidad de atención médica urgente, permanente o especializada; y enfrentando procesos judiciales y condenas arbitrarias. Cabe destacar que once de estas personas se encuentran en detención domiciliaria; sin embargo, “de acuerdo a la normativa nacional vigente, este beneficio debería favorecer a todas las personas detenidas que sean adultas mayores o tengan enfermedades graves”.
Asimismo, la Alta Comisionada expresó su profunda preocupación por la elevada cifra de personas nicaragüenses exiliadas -que ha superado la registrada en la década de 1980- y la “dramática reducción del espacio cívico”. Desde el inicio de la crisis en abril 2018, las violaciones a la libertad de expresión y de asociación, la libertad académica, la autonomía universitaria no han cesado. Este año, la Asamblea Nacional -a petición del gobierno- ha cancelado la personalidad jurídica de al menos 388 organizaciones. Esto significa que desde noviembre de 2018, el gobierno ha cancelado 454 organizaciones, entre las cuales figuran organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, organizaciones que trabajaban en educación y desarrollo, universidades, asociaciones médicas y profesionales, entre otras.
Michelle Bachelet también alertó sobre las consecuencias de la nueva Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, que entró en vigor el pasado 6 de mayo. Esta normativa dificulta el registro de las organizaciones, les prohíbe involucrarse en actividades políticas y permite al Gobierno total discrecionalidad para requerirles información sobre sus fondos, actividades y beneficiarios. “Los límites y prohibiciones de esta ley obstruyen fuertemente el libre ejercicio del derecho a la libertad de asociación, así como otros derechos esenciales en una sociedad democrática”, expresó.
Finalmente, exhortó al Gobierno nicaragüense a cesar inmediatamente las políticas que contribuyen al aislamiento de Nicaragua respecto de la comunidad regional e internacional; y reiteró la necesidad de que Nicaragua permita el acceso a la OACNUDH para impulsar esfuerzos de promoción de los derechos humanos y, particularmente, para visitar a las personas arbitrariamente privadas de libertad.
Estados instan a las autoridades nicaragüenses a permitir el ingreso del Grupo de Personas Expertas en Derechos Humanos
Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos (CDH) expresaron su grave preocupación por los informes sucesivos de la Alta Comisionada, que dan cuenta del “continuo desprecio de Nicaragua a sus obligaciones internacionales” y su falta de voluntad para cooperar con los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos. Una vez más, instaron al Gobierno de Nicaragua a permitir el ingreso y cooperar de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Grupo de Personas Expertas en Derechos Humanos, y otros mandatos del Consejo.
Costa Rica, en nombre del Core Group (Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú), condenó la expulsión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del delegado residente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), cuya labor humanitaria permitió a familiares conocer la situación de salud de decenas de personas presas políticas. Igualmente, reiteró su compromiso de apoyar con el restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua.
La delegación de Argentina expresó que es “crucial” que las autoridades nicaragüenses cesen las cancelaciones y restablezcan las personalidades jurídicas de las organizaciones afectadas, y promuevan un diálogo nacional inclusivo con el “objetivo garantizar una solución pacífica y democrática a la crisis multidimensional que vive Nicaragua”.
Por su parte, la Unión Europea (UE) instó a las autoridades nicaragüenses a “que liberen incondicional e inmediatamente a todos los presos políticos y a que anulen sus sentencias, que son contrarias al derecho internacional y a las normas sobre garantías procesales”.
Organizaciones del Colectivo 46/2 piden apoyo a Grupo de Personas Expertas
Durante el diálogo interactivo con la Alta Comisionada, organizaciones del Colectivo 46/2 -un grupo de 21 oenegés que promovieron las creación del “Grupo de Personas Expertas en Derechos Humanos” que investigará las violaciones cometidas desde abril de 2018 en Nicaragua-, solicitaron al Consejo y a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (OACNUDH) apoyo total a esta misión, asegurando que se tenga un enfoque de género, interseccional y centrado en las víctimas.
La abogada de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), Alexandra Salazar, en representación del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y del Servicio Internacional para los Derechos Humanos (International Service for Human Rights) solicitó a la Alta Comisionada proveer más información sobre las condiciones de detención de las personas presas políticas documentadas por su Oficina, y sobre sus intercambios con el Gobierno.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) llamó al Consejo y Procedimientos Especiales a apoyar al grupo de personas expertas, particularmente, asegurando el escrutinio sobre la violencia e impunidad contra los pueblos originarios, y sobre el desplazamiento forzado de miles de nicaragüenses.
La Dra. Vilma Núñez de Escorcia, en una intervención conjunta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), denunció el recrudecimiento de la persecución contra la Iglesia Católica, el encarcelamiento de un sacerdote. Pidió al Consejo “redoblar esfuerzos para lograr la liberación inmediata de las presas y presos políticos, y brindar todo su apoyo para que el Grupo de Expertos pueda abocarse eficazmente al cumplimiento de su mandato”
Ramón Muñoz de la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) dijo que este Mecanismo de la ONU “deberá identificar de la manera más clara posible a los autores materiales y a aquellos que han dado las órdenes” de las violaciones a derechos humanos -que podrían calificarse como delitos de lesa humanidad-, incluidas las más altas autoridades civiles y militares. “Solo si los perpetradores son identificados y condenados volverá la democracia a Nicaragua”, finalizó.
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